Logros ambientales amenazados por falta de inversión
y por un crecimiento urbano desordenado
Gestión del patrimonio ubica a Costa Rica entre los 14 países del mundo con más de 23% de territorio protegido.
La superficie cubierta por las 158 áreas silvestres bajo protección estatal es de 1.301.818 hectáreas, un 25,6% del territorio nacional; la mitad de ellas es parte de parques nacionales. Además un 7,18% del territorio está en manos privadas con alguna modalidad de protección, donde resaltan las reservas biológicas privadas, que abarcan más de un 1% del suelo costarricense, cubiertas en un 85% de bosque natural. Estos esfuerzos que por décadas ha venido haciendo Costa Rica lo ubican entre los catorce países del mundo que poseen más del 23% de su territorio bajo alguna categoría de protección. Costa Rica cuenta también con importantes áreas marinas protegidas. A fines del siglo XX se habían descrito cerca de 90.000 especies costarricenses, un 17% de la biodiversidad esperada para Costa Rica, estimada en no menos de 500.000 especies.
Crecientes desfases entre crecimiento institucional, reconocimiento de derechos ambientales y el contenido económico para darles sustento
Después de 1990 se crearon 18 de las 25 instituciones públicas del sector ambiental. Pero el surgimiento de nuevas entidades no implicó un aumento en el empleo público: el MINAE cuenta con menos del 1% del empleo público para gestionar el 25% del territorio nacional. En el 2003 el nivel de empleo del sector era prácticamente el mismo que en 1994.
La participación ciudadana en temas ambientales crece y es “pro-activa”
La participación ciudadana ha ganado espacios tanto en la institucionalidad estatal y la formación de políticas ambientales, como en espacios propios de la sociedad civil. En el período 1994-2003 se ampliaron las oportunidades para la participación ciudadana en la gestión institucional relacionada con la elaboración de políticas, aunque en menor medida en los planos de ejecución y control. Desde 1990 se han diseñado estrategias, políticas y leyes que promueven la participación como elemento fundamental. Se crearon varias instancias formales con componentes participativos, como los Consejos Locales (1993), los Consejos Regionales Ambientales (1995), los Consejos Regionales de Áreas de Conservación (1998) y, en algunas áreas de conservación, Comités de Comanejo y Asesoría, en especialmente en la región del Caribe. También existen 180 Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales, 167 de ellos en las áreas de conservación. En otros casos se promovieron instancias no permanentes, como la Agenda XXI, en la península de Osa. Además se han generado procesos inéditos de consulta, como el que se dio en la formulación de la Ley de Biodiversidad, que incluyó a varios sectores en la preparación del borrador. Otras experiencias importantes han sido el frente de lucha contra la minería a cielo abierto, la lucha contra la explotación petrolera en el Caribe y el plebiscito en defensa del río Sarapiquí.
Se incrementa vulnerabilidad de las áreas protegidas
Los esfuerzos realizados durante las últimas tres décadas, para conservar y ampliar el conocimiento de su patrimonio natural, hacen que Costa Rica goce hoy de reconocimiento mundial. Sin embargo, en los últimos diez años los problemas de recursos y de gestión de las áreas protegidas han generado crecientes vulnerabilidades. Su atención es prioritaria para no retroceder en un logro que ha demandado un trabajo sostenido del Estado y la sociedad por mucho tiempo.
Persisten problemas de gestión en las áreas protegidas
Aunque el SINAC cuenta con mejores instrumentos para realizar su labor que hace diez años, subsisten serios problemas en su gestión. Las dificultades obedecen, en primer lugar, a las fuertes restricciones presupuestarias con que debe operar, pese a que, en principio, la ley le estipula una fuente de financiamiento estable, la retención de esos recursos limita su capacidad de gestión y constituye una debilidad estratégica del SINAC. Solo un 26% de las áreas silvestres protegidas (41 áreas), tiene la presencia regular de al menos una persona.
Recurso forestal: logros y desafíos
El mayor logro de la década pasada fue la recuperación de la cobertura forestal de Costa Rica con respecto a finales de los años ochenta. A ello contribuyeron los diversos programas de incentivos, especialmente el pago por servicios ambientales (PSA), así como la reducción de los precios de la carne y el desarrollo del ecoturismo. Si bien se dio una mejoría en el control de la tala ilegal, gracias al fortalecimiento institucional, el apoyo de la sociedad civil y el uso de tecnología para el control de la cobertura boscosa, Costa Rica no ha logrado eliminar este problema. Los casos más severos son los de la península de Osa y zonas aledañas a los parques nacionales.
En cuanto a la industria forestal, la última década se caracterizó por ser un período de transición entre el abastecimiento de madera del bosque natural y el uso de recursos de plantaciones forestales. La proporción de madera proveniente de estas últimas pasó de cubrir cerca de un 5% en 1995 a casi el 45% del consumo total del 2002, que fue de 743.223 m3. No obstante, hay una notable reducción en el área plantada por año, lo cual amenaza la disponibilidad de esta materia prima a partir del 2008. En la última década, la industria forestal costarricense experimentó grandes cambios organizativos y tecnológicos, condicionados básicamente por la escasez cada vez mayor de madera proveniente del bosque natural y de árboles en sitios abiertos, y la aparición de madera de plantaciones forestales. De esta forma, el volumen autorizado de corta ha disminuido consistentemente desde 1995.
Valoración inadecuada de los bienes y servicios de la biodiversidad: una de las razones del deterioro ambiental
Un estudio reciente determinó que en el 2002 los parques nacionales y las reservas biológicas hicieron un aporte a la economía de al menos 832,6 millones de dólares, equivalentes a un 6,1% del PIB. Esto significa que, en promedio, cada hectárea protegida bajo estas categorías aportó 1.286 dólares, lo que a su vez indica la relevancia de su impacto en el bienestar socioeconómico de Costa Rica, aunque, por otro lado, las actividades económicas beneficiadas no hayan efectuado la adecuada retribución, particularmente el turismo.
Pese al fuerte crecimiento del turismo, las visitas a las áreas silvestres protegidas (ASP) no han tenido un incremento paralelo. Mientras en 1993 los visitantes extranjeros a estas áreas representaban un 60% de los turistas internacionales que llegaban a Costa Rica, en el 2003 la proporción decreció a un 36%. Este declive no fue del todo compensado por el aumento en la presencia de nacionales. En términos absolutos, en el 2003 las visitas de costarricenses y extranjeros ascendieron a 870.026 personas, un 13,8% más que en 1993 (772.025), lo que denota un bajo ritmo de crecimiento, cercano al 1% anual. El monto recaudado por visitas a ASP en el 2003 (4.752 millones de colones) representa alrededor del 60% del presupuesto del SINAC y cerca de un 25% de sus necesidades financieras reales, según un diagnóstico efectuado por la institución. Sin embargo, el SINAC no puede gastar el total de recursos generados a través de parques nacionales, pues el presupuesto asignado a partir del tope presupuestario por el Ministerio de Hacienda es menor.
Crecimiento urbano y de la población incrementa la presión sobre los recursos naturales
Continúa fuerte presión sobre los recursos marino-costeros
Entre 1994 y 2003 continuó la presión económica y ambiental sobre los recursos marino-costeros. Aunque los niveles de producción pesquera se han mantenido, como resultado del incremento de la captura de especies pelágicas, se observa una reducción del recurso tradicional, como corvina, róbalo, pargo, cabrilla y congrio. Las capturas de las tres especies de camarón que se explotan en Costa Rica han sufrido un decrecimiento importante. Entre las especies marinas continúa la explotación de aleta de tiburón y de peces ornamentales para exportación.
Aunque la captura de tortugas marinas para carne está mejor controlada, muchas de ellas mueren atrapadas en redes de pesca, y se mantiene la amenaza de su explotación ilegal para carne y artesanía, así como la alteración de sus sitios de alimentación y anidamiento. También la contaminación provocada por las aguas residuales domésticas e industriales, la basura en bolsas plásticas y los derrames de hidrocarburos y agroquímicos son amenazas permanentes a las poblaciones de tortugas. Los anidamientos de tortugas carey y baula en Guanacaste muestran notables reducciones. Estudios recientes indican que el aprovechamiento turístico de las tortugas marinas es más rentable que su uso comercial.
La pesca de tiburón sigue causando alarma. La prohibición del aleteo aprobada por el INCOPESCA en el 2001, que solo autorizaba el desembarque de animales completos, fue modificada en el 2003 para admitir la descarga de aletas separadas en una proporción de 7,7%, que puede aumentar en 5% según el tipo de corte. Esta normativa ha logrado que se pase de 10% a 100% en la cobertura de las inspecciones de desembarques de tiburón y, en especial, de aleta separada, en este último caso con fiscalización exclusiva de regentes del Colegio de Biólogos de Costa Rica.
Por primera vez se rechazaron unos diez desembarques que no cumplían con los nuevos lineamientos. No obstante, grupos ambientalistas critican los cambios en la regulación, cuestionando la relación de peso entre aleta y cuerpo, así como los lugares de desembarque y el uso de naves de nacionalidad extranjera. Para la organización PRETOMA, la disposición de permitir un 12,7% de aletas favorece el aleteo, ya que por cada 10 kilogramos de aleta desembarcados se descartarían 6 tiburones al mar. Lo que distancia estas percepciones es, principalmente, la diferencia entre los tipos de corte usados por la flota nacional y la de otros países, que pueden resultar en pesos diferentes en la aleta desembarcada.
Expansión urbana y crecimiento agrícola, industrial y turístico incrementan la demanda por recursos naturales
Siguiendo el patrón dominante desde 1984, en el período 1990-2003, mientras la población aumentó en más de un millón de personas -que se concentraron en las zonas urbanas- no se dieron cambios legales e institucionales capaces de implantar modelos más ordenados en la urbanización del territorio, mediante políticas de planificación urbana. Esto impactó fuertemente los recursos naturales, empezando por la pérdida de suelos fértiles en la Gran Area Metropolitana. Además:
- Las fuentes de agua son más vulnerables y pierden capacidad de recarga. En los últimos veinticinco años, el número de pozos para la extracción de aguas subterráneas creció de 2.441 a 9.886. Un estudio realizado con una muestra de 101 pozos en el Caribe mostró que un 10% contenía residuos de plaguicidas, principalmente el herbicida bromacil, que se utiliza en el cultivo de piña. Además, el 62% tenía niveles de nitratos mayores a 5 mg/l.
Uno de los recursos que ha sufrido mayores impactos en los últimos veinte años es el agua. Si bien este es uno de los insumos esenciales de la economía, para actividades como el turismo, la generación de energía, la agroindustria, la acuicultura, etc., la mayoría de los usuarios hace un pago insuficiente o ambientalmente distorsionado por su uso. El sector doméstico paga más de 23 veces lo que desembolsa el sector industrial por el uso de aguas superficiales, y 17 veces más por las aguas subterráneas. Esto reduce las posibilidades de reinversión, y hace que el recurso se constituya en un subsidio ambiental a la operación económica de Costa Rica.
El agua no es un recurso infinito y debe llamar la atención de Costa Rica la disminución del presupuesto hídrico que ya presentan algunas de sus principales cuencas, como las de los ríos Tárcoles y Tempisque, cuya oferta natural disponible (escorrentía total) es de 2.744,5 millones m3/año y de 5.086,0 m3/año, respectivamente. El presupuesto hídrico indica que esas cuencas están llegando a márgenes negativos de excedentes disponibles de agua superficial (alrededor de -377,5 millones de m3/año y -103,1 millones de m3/año, en cada caso) lo cual revela una tendencia de sobreexplotación. A esto se suman crecientes problemas de contaminación (ver el caso del río Tárcoles en el aporte especial sobre contaminación).
También merece atención el rápido incremento del consumo energético registrado en la última década, en asocio con un aumento en la dependencia de fuentes externas. El consumo total de energía creció un 50,7% desde 1990, pasando de 78.222 terajulios en ese año a 109.793 en el 2001. Para el 2001, el 75% de ese consumo fue cubierto mediante importaciones.
El disparador de esta creciente dependencia externa son los hidrocarburos importados, que proporcionan alrededor del 70% de la energía que consume Costa Rica. En el 2002 se utilizó un 47% más de derivados de petróleo que diez años antes y más del doble que en 1990. Los hidrocarburos son usados sobre todo por el sector transporte, que consume el 78% del diesel y el 98% de la gasolina. El resto del consumo es suplido en un 20% por la electricidad, que aumentó en un 85% su capacidad instalada entre 1993 y 2003, gracias a fuertes inversiones. El otro 10% proviene de recursos biomásicos como bagazo de caña, leña, cascarilla de café y cascarilla de arroz, utilizados en los sectores residencial y agroindustrial. El sector residencial absorbe el 45% de la electricidad y el 51% de la leña, tendencia constante en la última década.
También llama la atención el incremento en la importación de plaguicidas. Costa Rica es una de las naciones centroamericanas que más usan plaguicidas en términos de ingrediente activo por área cultivada, por habitante y por trabajador agrícola. En relación con el ambiente, más del 80% de los plaguicidas importados entre 1991 y 2001 se clasificaron como alta o extremadamente tóxicos para peces y crustáceos. En cuanto a presencia de plaguicidas en alimentos, entre 1991 y 1998 el Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas del MAG encontró residuos en los productos vegetales muestreados, de los cuales entre un 8% y un 19% presentaba violaciones a las normas vigentes.
Persisten los desastres y los avances en prevención son insuficientes
Entre 1994 y 2003 se registraron 2.959 eventos naturales, sobre todo inundaciones (61,0%), deslizamientos (25,7%) y vendavales (4,2%), que causaron daños a la población (más de 118.670 personas) y a la infraestructura (cerca de 16.833 viviendas). Los deslizamientos han sido los sucesos en los que han muerto más personas (47 en total). El patrón observado sugiere que las zonas rurales tienen menos incidentes, pero con alta intensidad, en tanto que las zonas urbanas se caracterizan por eventos de alta frecuencia y baja intensidad, que se reproducen de manera crónica y cuyos daños se acumulan progresivamente. Esto se vincula con el crecimiento de la población, pero más aún con la forma en que ésta se distribuye: concentrada en el centro de Costa Rica y con una expansión urbana desordenada.
Guanacaste, Heredia y Puntarenas son las provincias con menor cantidad de registros y, en el extremo opuesto, San José y Limón se ubican siempre en los primeros lugares. San José concentró un tercio (32,6%) del total de registros en el período 1993-2004, seguido por Limón (15%), Alajuela (14%) y Cartago (12%). En las provincias costeras (Guanacaste, Puntarenas y Limón) se produjo la mayor cantidad de población afectada, con un 74%, a pesar de que, individualmente, San José sufrió el mayor número de eventos (32,6%).
La categoría de escapes de sustancias peligrosas se ubicó en el cuarto lugar de incidencia, y tiene importancia en las provincias más industrializadas; en Alajuela, San José, Cartago y Heredia. En el ámbito cantonal, Desamparados reafirmó su condición de escenario de riesgo. En este caso incide un conjunto de factores urbanos como la alta densidad poblacional, la consolidación de asentamientos humanos en precario ubicados en zonas de riesgo, el colapso del sistema de alcantarillado, el estrangulamiento de quebradas y ríos por basura y rápidos procesos de expansión urbana.
Se han dado pasos importantes para la atención a estos eventos, como el desarrollo de un plan de vigilancia y monitoreo de inundaciones (o sistema de alerta temprana) en las cuencas medias y altas de los ríos; la participación de la población local e indígena (Limón, Cartago); la aprobación de la Ley Nacional de Emergencias en 1999; el establecimiento de una organización sectorial e institucional con miras a la creación de un sistema nacional de prevención y atención. En el ámbito municipal hay una mayor participación que diez años atrás; cerca del 80% de los gobiernos locales colabora activamente en los comités locales de emergencia establecidos por la CNE; pese a ello, muchos no cuentan con fondos suficientes para cubrir esta área, aún en casos como el de la Municipalidad de San José, cuyo gasto anual en este rubro desde el año 2000 nunca ha excedido los 7 millones de colones.
No obstante estos avances, Costa Rica no ha establecido todavía un sistema nacional de prevención y mitigación, sino un conjunto de organismos con actividades y prerrogativas en el campo. Estos, sin embargo, no se organizan coordinadamente para garantizar la eficiencia y una plataforma interinstitucional adecuadamente enlazada. El Plan Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, elaborado en el 2003 pero aún no aprobado, podría contribuir a solventar algunos de estos problemas.
Informe: Estado de la Nación (Spanish) 
