Democracia es algo más que elecciones, debe promover el desarrollo humano
El capítulo 5 del Informe Estado de la Nación parte de un concepto amplio de la democracia, en el cual ésta se concibe no sólo como el conjunto de reglas que norman el acceso al poder político, sino también como el conjunto de reglas que organizan el ejercicio de dicho poder durante los períodos no electorales, así como las maneras de aplicarlas en los procesos de deliberación y gestión de los asuntos públicos.
En una democracia, las y los ciudadanos delegan cierto poder en las autoridades que eligen para que éstas los gobiernen, pero no les dan un “cheque en blanco”, pues conservan siempre un conjunto de derechos que pueden emplear cuando lo consideren necesario. De ahí que una evaluación de la democracia debe auscultar no sólo a las instituciones y gobernantes, sino también a los ciudadanos, para determinar cómo hacen uso de su soberanía. Para ello, el Informe utiliza como guía seis aspiraciones en torno a la calidad democrática, que se constituyen en los ámbitos de estudio del capítulo, a saber: 1) sistema electoral y partidos políticos, 2) administración de la justicia, 3) gestión y representación política, 4) participación ciudadana y rendición de cuentas, 5) convivencia ciudadana y 6) política exterior.
El análisis del desempeño nacional en estas seis áreas muestra que, en el 2001, la contribución neta del sistema político costarricense al desarrollo humano fue inferior a la que podía haberse esperado, en razón de la madurez democrática de Costa Rica.
Sistema electoral y partidos políticos
Las elecciones del 2002 generaron un cambio político. En materia electoral Costa Rica experimentó un cambio importante, que abre la posibilidad de una renovación del sistema de partidos políticos. Tanto en las elecciones presidenciales como en las legislativas, el sistema bipartidista fue reemplazado por uno multipartidista. De manera combinada, el PUSC y el PLN mermaron su caudal electoral en poco más de 200.000 votos, siendo el PLN el más afectado. Surgió una tercera fuerza, el Partido Acción Ciudadana (PAC), que incrementó casi diez veces el caudal obtenido por el tercer partido en 1998.
Aumenta la representación política de las mujeres. La Asamblea Legislativa pasó de tener 11 diputadas (19,3%) en 1998, a 20 (33,3%) en el 2002. Esto ha convertido al Parlamento costarricense en el órgano legislativo con mayor presencia de mujeres en Latinoamérica. En el ámbito municipal el avance es mucho mayor; los cantones donde las regidoras son más del 55% de los integrantes del concejo municipal aumentaron de 1 a 25 (30,9%) entre 1994 y 2002.
Persisten desafíos en materia electoral. El ambiente de tranquilidad, libertad y respeto en el que se ejerció el voto en las elecciones contrasta con las tensiones del contexto latinoamericano. Sin embargo, persisten desafíos en este ámbito:
- Un nuevo -y más elevado- umbral de abstencionismo. Con respecto a la elección de 1998, se pasó de un 30,0% a un 31,2%. (cerca de 1 de cada 3 electores se abstuvo a votar). Este fenómeno es sensiblemente superior fuera del Valle Central (zonas atlántica y sur), donde los porcentajes de abstencionistas superan el 40%.
- Poca transparencia y control sobre el financiamiento político, en particular el relacionado con fuentes privadas. En cuanto a estas últimas, la única obligación de los partidos es reportarlas trimestralmente ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), pero ni éste ni la Contraloría General de la República tienen capacidad para determinar la veracidad de tales informes. Según la información presentada por los partidos políticos ante el TSE, el monto de las contribuciones privadas recibidas a partir del 2000 equivale al 3,2% del financiamiento público en el caso del PUSC, y al 31,7% en el caso del PLN (en conjunto, más de 533 millones de colones).
- Negativa de los partidos en el Congreso a debatir y, si fuera del caso, modificar, las reformas electorales propuestas hace ya dos años por el TSE.
El cambio electoral es mayor en los municipios, A nivel municipal el cambio político ha sido más profundo y de mayor magnitud, aunque no ha logrado sustituir del todo la supremacía de los partidos tradicionales (ver mapas del cambio electoral en las páginas 259 y 260 del Informe). La pérdida, gradual pero firme, del control electoral del bipartidismo en los municipios ha ido dando paso a sistemas de partidos locales más competitivos y volátiles. En 1998 participaron 8 partidos políticos cantonales y 6 alcanzaron escaños. Para el 2002, de un total de 18 agrupaciones cantonales 8 obtuvieron escaños. Sin embargo, en ninguna de las tres elecciones estudiadas (1994, 1998 y 2002), un partido cantonal que ha permanecido y participado en los comicios aumentó la cantidad de escaños que obtuvo en la elección anterior.
Administración de la justicia
Creciente volumen de trabajo en el Poder Judicial. En el 2001, la entrada bruta de casos al sistema judicial aumentó un 17,8%, y sobrepasó los 900.000 casos. La entrada neta (indicador que descarta las infracciones simples sin oposición en materia de tránsito, las incompetencias y las remisiones a otras jurisdicciones) se situó en el orden de los 400.000 casos anuales, con un crecimiento del 10,5%, menor al de la tasa bruta. Existen indicios de una fuerte carga de trabajo sobre los distintos operadores del sistema. Un dato interesante es que, en el 2001, cada juez recibió en promedio 894 casos (17,8 por semana y 3,5 por día) y tenía 777 casos en trámite.
Resultados dispares en la justicia pronta y cumplida
- El 46,7% de los juicios penales con sentencia en el año 2001 (4.506 casos) duró 18 meses o más, y el 13,7% tardó más de 48 meses.
- Disminuyó en 12 meses la duración promedio de los juicios de trabajos de mayor cuantía (demandas mayores a 600.000 colones).
- En la Sala Constitucional los promedios de duración de las resoluciones se mantuvieron iguales que en el 2000, pese al aumento en el número de casos.
Escasas sanciones por delitos contra la función pública. En el año 2000 ingresaron al Ministerio Público 1.644 denuncias por delitos contra la función pública (abuso de autoridad, cohecho, concusión, peculado y prevaricato, entre otros). Fueron condenadas 35 personas (cerca del 2%), En los últimos tres años el porcentaje de condenados con respecto a las denuncias recibidas no ha sobrepasado el 5%. De los 144 casos cerrados por la Unidad de Delitos Económicos y Corrupción del Ministerio Público en el 2001, 7,6% dieron paso a una acusación fiscal, un 36,1% fue remitido a otra jurisdicción y en un 31,9% de los casos los fiscales solicitaron la desestimación.
Gestión y representación política
Diputados sí asisten al Plenario. La actividad más elemental del ejercicio de la representación política por parte de los diputados es la asistencia a las sesiones parlamentarias. Un examen de la asistencia al Plenario en las legislaturas de 1998 a 2002 revela que, contrario a una difundida creencia, las y los diputados mostraron una alta disciplina. En el 2001 se celebraron 149 sesiones ordinarias y sólo en 13 oportunidades no fue posible sesionar por falta de quórum.
Débil ejercicio del control político en la Asamblea Legislativa. En todas las sesiones ordinarias existe un espacio denominado “hora de control político”, en el cual los diputados pueden discutir temas de interés público. En el 2001, este espacio se suspendió en casi el 70% de las veces. Cuando la hora de control político sí se realizó, la mayoría de los diputados adoptó una actitud pasiva; cerca de una tercera parte de los legisladores nunca pidió la palabra y otro tanto intervino una sola vez. Una minoría de diputados (alrededor del 20%) se mostró especialmente activa en el uso de la palabra.
Contribución dispareja de la producción legislativa al desarrollo humano. En el 2001 la Asamblea Legislativa recibió 357 proyectos para trámite y se aprobaron, con la sanción correspondiente, 145 leyes. Fue un año de producción sustantiva de legislación sobre las municipalidades: mediante dos reformas a la Carta Fundamental se otorgó rango constitucional a los Concejos de Distrito (artículo 172) y se estableció la posibilidad de trasladar competencias y recursos del Poder Ejecutivo hacia las municipalidades (artículo 170). Otras prioridades fueron la normativa sobre seguridad ciudadana y la legislación agropecuaria, aunque en este último tema se trató de proyectos más puntuales. Entre los temas ausentes destacan las reformas electorales y del Estado, proyectos de ley relacionados con la libertad de prensa y la legislación en el área social.
Participación ciudadana y rendición de cuentas
Pocas oportunidades de participación en la formación de leyes. Del total de 424 sesiones realizadas por las comisiones legislativas permanentes en el 2001, sólo en 63 hubo audiencias con ciudadanos, ya fueran representantes del gobierno o de la sociedad civil. En cuanto las propuestas presentadas a la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa, las y los ciudadanos (principalmente hombres y residentes del Valle Central) han presentado un total de 178 anteproyectos desde la apertura de esa oficina en abril de 1999, 71 ellos en el año 2001. A febrero de 2002, sólo uno de los 178 anteproyectos (0,6%) se había convertido en ley.
Débiles aunque promisorias posibilidades de participación en la gestión municipal. El Código Municipal de 1998 estipuló la creación de ocho comisiones en cada municipio, en las que pueden participar los y las ciudadanas del cantón. Según una encuesta telefónica hecha a 43 municipalidades, sólo en el 18,8% funcionan las ocho comisiones. La comisión que opera en casi todos los gobiernos locales es la de Hacendarios y Presupuestos; sin embargo, sólo en 5 casos esta instancia contaba con participantes de la sociedad civil. De las 186 comisiones que sí funcionaban, en el 31,7% había representantes de la ciudadanía.
Participación ciudadana: disparador de la rendición horizontal de cuentas. La participación ciudadana constituye uno de los principales insumos de la labor de control horizontal que realizan las diversas entidades de control de Costa Rica (Contraloría General de la República (CGR), ARESEP, Defensoría de los Habitantes). En la CGR, por ejemplo, las denuncias originaron el 54,9% de los 202 informes de fiscalización emitidos en el 2001. En este contexto destacan los reclamos de la ciudadanía contra las municipalidades, en especial las de los cantones urbanos más populosos. En el año analizado, la CGR recibió 131 solicitudes de estudio relacionadas con los gobiernos locales, ante la Sala Constitucional fueron recurridos 78 de los 81 municipios, y en la Defensoría de los Habitantes, las municipalidades fueron objeto de constantes denuncias, ya fuera por acción o por omisión de respuesta.
Convivencia ciudadana
No se obtienen logros consistentes en seguridad ciudadana. En el 2001 disminuyeron las tasas de delitos contra la vida, siguiendo la tendencia a la baja que se viene registrando desde 1998, fundamentalmente por la reducción en los delitos de lesiones y agresión (cerca de 500 casos menos). En contraste, aumentaron los delitos contra la propiedad con respecto al 2000 y se registró un fuerte incremento en los delitos sexuales. El Ministerio de Seguridad Pública continuó el proceso de regionalización de los cuerpos policiales, con el objetivo de acercarlos más a las comunidades. Paralelamente, el número de comunidades capacitadas en el marco del programa de Seguridad Comunitaria pasó de 149 en 1999 a 669 en 2001.
Descendió la conflictividad social. Frente a la escalada de protestas sociales ocurridas en el 2000, centradas en la oposición popular al llamado “Combo del ICE”, el 2001 parece haber sido un año de relativa calma social. Las acciones colectivas emprendidas por diversos sectores fueron persistentes, pero esta vez centradas en acciones de carácter puntual (84,8% de los 118 casos registrados). En otras palabras, las protestas tuvieron un alcance local o sectorial, tanto en su organización como en sus demandas. La principal demanda fue la intervención de las instituciones públicas para subsanar problemas específicos, como mejoras en la infraestructura y en la calidad de los servicios. La reacción más frecuente de Costa Rica fue la “no respuesta”.
Una voz silenciada: Parmenio Medina. Uno de los atentados más violentos contra la convivencia democrática fue el asesinato del comunicador Parmenio Medina, conductor del programa radial “La Patada”. Este crimen ha dejado al descubierto una serie de problemas que, en su conjunto, levantan una voz de alerta con respecto al ejercicio cotidiano de la libertad de expresión y las dificultades del periodista en su labor de informar a la ciudadanía. A la fecha de preparación del Octavo Informe Estado de la Nación, no se tenía noticia de avances tangibles en la investigación sobre el crimen. Pese al debate que provocó este hecho, la Asamblea Legislativa no hizo cambios significativos en la legislación sobre prensa, con excepción de la derogatoria de la figura del desacato.
Política exterior
Costa Rica refuerza su liderazgo en la promoción de los derechos humanos. En el 2001 la política multilateral de Costa Rica en cuanto a la promoción de los derechos humanos fue desarrollada principalmente en dos ámbitos: el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema de Naciones Unidas. En el plano interamericano, como resultado de una serie de propuestas presentadas por Costa Rica, la OEA adoptó acuerdos relacionados con el mejoramiento del presupuesto y el funcionamiento de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la adopción del Protocolo Facultativo para permitir el acceso directo de las víctimas ante la Corte. Costa Rica también promovió la suscripción de la Carta Democrática Interamericana. En el Sistema de Naciones Unidas, Costa Rica aprovechó la Presidencia Pro Témpore del Grupo de Río para impulsar un proceso de negociación y búsqueda de consensos en torno al mejoramiento de los mecanismos extraconvencionales de protección de derechos humanos.
Reactivación de la política exterior hacia Centroamérica. En noviembre del 2001, el presidente Rodríguez entregó a sus colegas del área el "Plan de Acción para la Reactivación de la Integración Centroamericana", hecho que marcó el inició de lo que se puede denominar “la reconstitución de una agenda regional” de Costa Rica, en el marco de un robustecimiento de su perfil hemisférico. Una serie de eventos extrarregionales ocurridos a lo largo del 2001 influyeron en la reactivación del proceso de integración centroamericana:
- La presentación del Plan Puebla-Panamá, iniciativa del Gobierno de México.
- Los atentados del 11 de setiembre en los Estados Unidos.
- La realización de la Conferencia sobre Armas Pequeñas y Livianas en Centroamérica: Dimensiones del Control y Regulación del Tráfico de Armas.
- La recesión de la economía estadounidense en el segundo semestre del 2001
- La posibilidad de un tratado de libre comercio entre Centroamérica y Estados Unidos.
Informe: Estado de la Nación (Spanish) 
