ICT elabora ajuste a reglamento que ampliará contratos a fase de consolidación de las empresas
Mario Bermúdez Vives
Los incentivos turísticos pasarán de años de incertidumbre a reglas claras en mayo. Para el próximo mes se deberá tener lista la propuesta de reforma al reglamento de laLey de incentivos turísticos 6990, la cual deberá ser aprobada por la junta directiva del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
Deberán definir además el periodo de consolidación de las actividades turísticas en el país. Gustavo Alvarado, director de gestión y asesoría turística del ICT, expresó que la reforma al reglamento deberá corregir un problema señalado por la Contraloría en el 2004, la ausencia de plazos para los contratos de incentivos turísticos, mientras que la definición del concepto de consolidación permitirá extender estos beneficios por el tiempo que requiere una empresa o actividad para asentarse.
Los contratos se limitaron a la construcción y equipamiento, luego del informe FOE-FEC-12-2004 del órgano contralor.
La Contraloría y la Procuraduría nos indicaron que los contratos no pueden ser eternos y que el incentivo es una ayuda del Estado hasta que las empresas estén consolidadas, entonces hicimos un estudio para determinar esos plazos, si son de cinco, siete años. No puedo adelantar pero eso estará para mayo, dijo Alvarado.
La propuesta también deberá deslindar con claridad la diferencia entre los incentivos fiscales y los que no lo son, como las patentes de licores, indicó Francisco Coto, director legal del ICT.
Sería un contrasentido definir los incentivos por diez años y quitarlos todos cuando finaliza el contrato. Eso está bien para los fiscales, pero los no fiscales, como las patentes, no deben terminar, sería como pedir el cierre de algunos establecimientos, afirmó Coto.
Estas resoluciones afectarán principalmente a empresas del sector hotelero y agencias de viajes, ya que un fallo de la Sala IV dio una condición diferente a las agencias para alquilar vehículos (por su condición diferente a las agencias para alquilar vehículos (por su necesidad particular de renovar equipo).
Las organizaciones de transporte acuático se incluyeron, pero la definición de la actividad (los ferry califican, no empresas menores) dificulta que se les puedan aplicar estos contratos.
Expectativa en sector privado
En el sector empresarial todavía persiste una inquietud por la resolución de este tema.
Nos consultaron, pero no hemos vuelto a tener más información. Estamos a la espera de cómo se definan los plazos, porque pueden cambiar según las condiciones de cada sector y sus diferentes realidades, y de esa decisión dependen muchas empresas, comentó Gonzalo Vargas, presidente de la Cámara Nacional de Turismo.
Juicios por lesividad iniciados por el ICT ante contratos de incentivos turísticos. Otros prefieren la prudencia. Carlos Lachner, presidente de la Cámara de Hoteleros, indicó que el tema se vería en la próxima sesión de Junta Directiva. La expectativa es alta, ya que los empresarios consideraron las resoluciones como un cambio de reglas, que afectaba la seguridad jurídica. En el ICT hay conciencia de este ambiente.
Había un temor de qué podía pasar con los contratos, pero la Contraloría no dijo que se eliminaran todos, sino que se ordenaran. Los incentivos se mantendrán, pero con reglas claras, dijo Alvarado.
Algunos sí perderán los incentivos. En la actualidad, el ICT se vio obligado a iniciar 34 juicios de lesividad contra varias empresas, para solicitar la anulación de sus contratos. Coto alegó que estos procesos se han prolongado porque se tenía que aclarar el panorama.
Se realizaron consultas que originaron otros pronunciamientos de la Contraloría y la Procuraduría, hasta el 2006 se terminó de aclarar el panorama, dijo.
Luz sobre los incentivos
Otra es la visión de Magda Inés Rojas, procuradora asesora, quien declaró que el ICT inició los juicios de lesividad “a regañadientes”, y agregó que en algunos de los procesos no se ha dado participación a la Procuraduría.
A pesar de esto, hay un gran pendiente en el tema, para iluminar el impacto de los incentivos turísticos, ya que ni el ICT ni el Ministerio de Hacienda tenían material para cuantificar el resultado de estos incentivos.
Alvarado comentó que negocian con el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, para evaluar su magnitud.
** Tomado de El Financiero **
