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Tanto el marco legal como el político permiten definir con mayor claridad las posibilidades de éxito en la administración de una ASP, ya que proporcionan los elementos necesarios para lograr una efectiva aplicación de la normativa y minimizan el impacto sobre los recursos que protege el área. También, se favorece la capacidad institucional al aportar nuevas alternativas para la toma de decisiones descentralizadas, apoyadas y fortalecidas mediante alianzas estratégicas con otras instancias que tienen objetivos comunes.
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